El gobernador Hermes Binner y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, recibieron el lunes en la Casa de Gobierno a los ministros de la Corte Suprema de la provincia, con quienes abordaron distintos aspectos del funcionamiento del sistema judicial que merecen un tratamiento interpoderes.
De la reunión surgió el compromiso de trabajar en conjunto de modo de avanzar en cuestiones tales como el edificio judicial de la capital provincial, la informatización y la implementación de la justicia comunitaria de pequeñas causas.
En tanto el ministro Superti reiteró su solicitud de que la Corte resuelva a la brevedad el pedido de acceso por parte de la Secretaría de Derechos Humanos a los archivos que puedan contener información sobre personas desaparecidas durante la última dictadura.
Con respecto al edificio judicial de la ciudad de Santa Fe, cuyo primer cuerpo conformará el centro de justicia penal, ya se terminó de reformular el proyecto arquitectónico original –pensado para juicios escritos– al sistema de audiencias orales y públicas.
Además se están finalizando, en un trabajo conjunto entre los arquitectos contratados por la Corte y los profesionales del Poder Ejecutivo, los pliegos licitatorios correspondientes a la primera etapa de la obra, referida a la estructura de hormigón armado.
El llamado a licitación se realizará a fines de julio o principios de agosto, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por otra parte, se conformará un equipo técnico de funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial para realizar gestiones ante el gobierno nacional y el Banco Mundial, organismo al que se le habían solicitado créditos para la informatización, a fin de obtener el financiamiento necesario que permita completar este proceso.
Con respecto a la informatización del proceso penal, se desarrollarán los sistemas necesarios –adaptados al nuevo procedimiento acusatorio, oral y público- a través de una actividad conjunta de ambos poderes, que sumará también a las autoridades del flamante Ministerio público de la Acusación y del Servicio Provincial de Defensa Penal, intentando incluir esa tarea dentro del contrato vigente con la empresa Indra.
En la reunión se abordó además cómo avanzar en la implementación progresiva de la justicia comunitaria de pequeñas causas –creando paulatinamente nuevos juzgados allí donde no existen, fundamentalmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe- y la cuestión del acceso a los archivos que traten sobre personas desaparecidas durante la última dictadura.
En ese sentido, el ministro de Justicia y Derechos Humanos había solicitado oportunamente a la Corte Suprema que permita el acceso a la Secretaría de Derechos Humanos a los fines de realizar investigaciones que contribuyan a establecer el destino de los ciudadanos que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Como corolario de la reunión, se destacó que amén del trabajo que realicen los equipos técnicos, habrá nuevos encuentros entre las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para monitorear el avance en los distintos temas abordados.
Por la Corte Suprema participaron su presidente, Rafael Gutiérrez, y los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuller, así como el secretario de Gobierno del máximo tribunal, Eduardo Bordas.
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